domingo, 17 de agosto de 2014

Entrevista a Juan Pablo Parchuc sobre educación en cárceles

En la siguiente entrevista Juan Pablo PARCHUC, coordinador de la carrera de Letras en el Programa de Educación en Cárceles UBA XXII, nos cuenta acerca de la experiencia de cómo es  enseñar y estudiar en la cárcel. De cómo el CUD (Centro Universitario Devoto) funciona como un espacio abierto para toda la población penal, aunque muchas veces hay agentes penitenciarios  abocados a que la gente no llegue.

Juan Pablo Parchuc
 Ezequiel Jauregui (EJ): En distintas oportunidades en que te escuche hablar sobre educación en cárceles, una en la exposición que hiciste en la presentación del libro  Masacre en el Pabellón Séptimo en el Foro de DDHH de la Facultad de Filosofía y Letras y otra más reciente en tu exposición en el seminario de educación popular afirmaste que la cárcel está llena de pobres.  ¿Qué te lleva a aseverar dicha afirmación?

Juan Pablo Parchuc (JP.P):   Es algo que se puede comprobar fácilmente no sólo mirando estadísticas, sino pisando una cárcel y recorriéndola, o sea, uno ve que la población, que el sistema judicial penitenciario selecciona y castiga, proviene del sector de mayor vulnerabilidad social  y que muchas veces la propia necesidad y la falta de oportunidades los lleva a terminar en esa situación. De ahí la afirmación. No es por exculpar a nadie, sino que se trata de dar cuenta de cómo funciona el sistema penal y las deudas pendientes de nuestra democracia.



EJ: En la cárcel hay distintos  niveles de educación desde jardín de infantes hasta espacios universitarios como el CUD (Centro Universitario Devoto) Además, según afirma la  ley de educación, estudiar bajo contextos de encierro es un derecho. ¿Vos crees que los distintos niveles de educación generan posibilidades  de reinserción social para cuando sujetos privados de la libertad salen del sistema carcelario?

JP.P: Habría que hacer una distinción: por un lado, existe el derecho a la educación por las leyes, por la constitución vigente,  pero por el otro, habría que ver el modo  en cómo se materializa dentro de la cárcel.  Esto último  depende de distintas  circunstancias fundamentalmente histórico-políticas. Yo conozco, sobre todo lo que hace la Universidad dentro de la cárcel, pero también conozco, un poco menos quizás, la situación de algunas instancias de formación media para adultos,  por ejemplo el CENS que funciona en Devoto muy bien, como espacio educativo y de discusión. Desgraciadamente también sé de la situación de otros centros penitenciarios, como los de provincia de Buenos Aires, en los que el derecho a la educación se encuentra muy limitado y hace falta un trabajo intenso para cambiar ciertas situaciones e inercia propia del aparato penitenciario para que realmente, primero, la educación se convierta en un derecho, y segundo,  se transforme en una herramienta que permita generar  un proyecto de vida ya sea individual o colectivo.  Hay una distancia muy grande entre la letra de la ley y cómo la educación funciona dentro de la cárcel y a su vez cómo eso se puede transformar en una oportunidad de vida, sin contar las circunstancias personales y el entramado complejo que presentan esos contextos.



EJ: ¿El CUD funciona de manera independiente con respecto al sistema carcelario en relación a las estructuras de poder, es decir, depende de la UBA y no del servicio penitenciario?

JP. P: Exactamente, lo mismo que el CENS que también funciona  en ese sentido, el CUD  es un espacio de la Universidad dentro de la cárcel, es como una embajada dentro del sistema carcelario, ya que  funciona a través de un convenio entre la Universidad y el Servicio Penitenciario que nos da la autonomía necesaria para manejarnos con criterios educativos y no de seguridad, que son los que priman dentro de la cárcel.  En ese sentido podría decirse que funciona con un marco institucional que permite separarlo del orden político que regula el funcionamiento del Servicio Penitenciario.  El vínculo se limita a poder garantizar la presencia de los estudiantes en las aulas y el ingreso de los docentes a penal. Nosotros no discutimos con el Servicio Penitenciario ni programas, ni cuestiones pedagógicas. La tarea educativa queda en manos de la Universidad.

EJ: ¿Y el tema de la seguridad para los docentes, teniendo en cuenta el contexto en el que deben desarrollar las clases?

JP. P: El espacio del CUD, como el de otros centros universitarios, es un espacio  auto-gestionado por los estudiantes. Son espacios que  llaman de “conducta”, que están regulados  por los mismos presos, en los cuales se comprometen en el modo en que funciona ese espacio y las garantías de funcionamientos, es decir, que estén las herramientas y las aulas disponibles, por ejemplo. Por otro lado, nosotros no tenemos ninguna precaución porque tenemos confianza y conocemos esos espacios y el modo sumamente organizado en que funcionan.  No entramos con ningún tipo de temor y tratamos de trasmitir eso a los docentes que no conocen el espacio, cuando empiezan su labor allí. Estas precauciones tienen que ver con prejuicios y con mitos que circulan sobre la cárcel, y que quienes la conocemos sabemos que cuando entramos a cumplir una función y a trabajar con ellos y no con el Servicio, estamos plenamente cuidados.

EJ: ¿Con qué requisitos tiene que cumplir un estudiante, además de la escuela secundaria para poder inscribirse en el CUD?

JP. P: Para cursar una carrera universitaria en contextos de encierro, los requisitos  son los mismos que tenés que cumplir para ingresar a cualquier carrera de la Universidad. Tener el secundario terminado o estar por terminarlo para poder inscribirte. Tratamos de que las cuestiones propias del contexto de encierro y los agentes penitenciarios no interfieran en ese modelo de trabajo.

Por otra parte, hay mucha gente que se acerca que  no tiene los estudios  necesarios  pero  viene a actividades extracurriculares. En ese sentido, el CUD funciona como un espacio abierto para toda la población penal, más allá que muchas veces hay agentes penitenciarios  abocados a que la gente no llegue. Sin embargo, nosotros tratamos no sólo de que lleguen sino  de buscar herramientas institucionales para que circule la información y también para que quienes quieran “bajar, como dicen ellos, al CUD,  puedan hacerlo.



EJ: ¿Para aquellos que acceden al CUD en carácter de estudiantes universitarios, el plan de estudios y los programas se respetan  de acuerdo a la carrera de modo tal que de quedar en libertad pueden continuar sus estudios en las distintas facultades de la UBA?

JP.P: Es el mismo plan de estudio y las materias se cursan de manera similar a como se hace en Filosofía y Letras o en las otras facultades, obviamente con lo que  implica el contexto. Por ejemplo, a veces las materias concentran el dictado en un solo día para no tener que hacer todo el trámite de ingreso dos veces por semana, pero curricularmente es igual que acá. De hecho un estudiante que cursa en el CUD, cuando accede a salidas o la libertad condicional o definitiva puede seguir cursando en la facultad.

Los estudiantes privados de  libertad son estudiantes regulares de la Universidad. No aparecen inscriptos con una marca particular ni tienen un estatuto diferente a otros estudiantes.  Así,  por ejemplo, si  la materia que están cursando en este cuatrimestre, también se está dictando acá en Puán,  aparecen inscriptos en los mismos listados y en ningún lugar dice que son estudiantes de UBA XXII.  Somos muy cuidadosos de eso porque implica garantizar su derecho a recibir igual trato que cualquier otro estudiante; además de que la ley lo prohíbe expresamente.

EJ: ¿Qué beneficios logra un estudiante del CUD con respecto a su condena en el Servicio Penitenciario, se le acorta la condena? ¿Hay alguna relación directa?

JP.P: Sí, en general es algo que tiene en cuenta la Justicia y el Servicio Penitenciario, y especialmente desde que en el 2012 se aprobó la Ley 26.695, también conocida como “ley de estímulo educativo”. Se trata de una ley cuyo proyecto se gestó desde el CUD. Modifica la Ley de Ejecución de la Pena y les permite a los sujetos privados de la libertad, por uno de sus artículos (el 140) reducir el tiempo de permanencia en el encierro a partir de rendir distintos niveles educativos o cursar talleres extracurriculares o de formación.  De esa manera, pueden  presentar al juez que entiende en su causa, que en última instancia es quien decide sobre esto, toda la documentación sobre los cursos y los niveles educativos que ha atravesado en el encierro, no para descontar tiempo de la pena, sino de la permanencia en el encierro, adelantando las distintas fases y períodos que estipula la ley. Es decir, permite reducir el tiempo de encierro.

EJ: ¿Entonces, es beneficioso para ellos  acceder a las diferentes propuestas educativas que se regulan en el encierro?

JP.P: Sí, por supuesto, implica garantizar el derecho a la educación y les permite salir antes, ya sea por salidas transitorias o a partir de la libertad condicional.



EJ: Retomando el tema de la primera pregunta: ¿notás alguna relación entre lo que es la construcción de la educación  que se realiza en los barrios más carenciados de Buenos Aires y el formato educativo que se lleva a cabo dentro de las cárceles?

JP.P: No estoy tan vinculado con la problemática educativa  en los barrios periféricos; lo que puedo  saber, es a partir de lo que algunos compañeros, que trabajan  en villas o barrios humildes, me comentan. Seguramente, debe haber alguna reflexión compartida. De hecho debe haber muchos vínculos ya que la población con la que uno trabaja es similar, si bien el contexto y las situaciones son distintos.  Se me hace difícil contestar esa pregunta porque si bien conozco el mundo carcelario, no tengo referencias precisas de las experiencias educativas en barrios marginales.

EJ: La idea de la pregunta era ver si reconocías alguna similitud entre el sujeto social que es afectado por las crisis socio-educativa que generó el neoliberalismo y aquel sujeto social que es reinsertado en el sistema educativo dentro del sistema carcelario.

JP.P: Con respecto a eso,  lo que sí te puedo decir es que nuestra experiencia, respaldada por algunos breves trabajos de campo e investigación que hemos hecho en el CUD, marca, muchas veces, que las personas que están privadas de la libertad, tienen una trayectoria educativa muy entrecortada, muy dañada con la institución educativa.  No me refiero a aquellos que estudiaron recientemente fuera, sino sobre todo de quienes tienen unos cuantos años más y fueron expulsados del sistema educativo en la década del 90. Ahí sí puedo marcar una relación. Ahora cómo funciona hoy, si uno tiene en cuenta los avances que se dieron en términos de inclusión educativa, en amplitud de derechos, en la última década, es muy difícil saber cómo funciona eso en los pibes de hoy, si hay una relación directa  o no entre una institución que contenga o que expulse, porque entiendo que, pese a todas las deudas que aún quedan pendientes, me consta que hay un trabajo intenso, no sólo a nivel institucional, sino también de instituciones, de agrupaciones, de educadores que tratan de contener y de evitar  una escuela expulsiva. Pero en la década del 90, sin duda, muchos de quienes están privados de la libertad y estudiaron en ese período fueron sistemáticamente expulsados de la escuela y te lo cuentan. Eso fue parte del abandono del Estado que los llevó a estar ahí, en la línea  de frontera.

EJ: Se habla en los medios de una cárcel superpoblada. Eso implicaría un tipo de sub-argumento que podría leerse así: si la cárcel está superpoblada… 

JP.P: Hay que hacer más cárceles (risas).

EJ: No, no, no iba por ahí el argumento, sino que si la cárcel está superpoblada y la educación permite reducir el tiempo de permanencia, entonces debería haber toda una estructura de motivación y “publicidad” que invite a quienes están privados de su libertad a formar parte del aparato educativo, por lo tanto ¿también el CUD y los otros espacios de educación deberían estar superpoblados?

JP. P: No, no, si uno mira los discursos mediáticos y de sentido común, cualquier cuestión que pueda ser un beneficio para el preso va a ser condenada. O sea,  nadie te va a decir que está mal estudiar en la cárcel, pero al mismo tiempo hay un fuerte rechazo a que alguien salga antes de cárcel por haber estudiado.

Por otro lado, las condiciones de acceso al CUD implican también atender a las restricciones, a las trabas, a las dificultades que impone muchas veces el Servicio Penitenciario. Además, está el problema de los niveles educativos, ya que la mayoría de las personas que están presas no tienen los niveles educativos básicos terminados, con lo cual la población que tiene posibilidades de acceso al nivel universitario es muy restringida. Es mucho más la gente que accede a actividades extracurriculares, hay una diferencia  abismal. Por ejemplo,  entre la gente que estudia la carrera de Letras y Filosofía en tres penales no llegamos a reunir treinta personas.  Ahora la gente que participa en esos mismos tres penales de los cursos, talleres y demás actividades extracurriculares que organizamos como facultad, llega a cuatrocientas, quinientas personas por cuatrimestre.

EJ: ¿Cuáles son las principales actividades extracurriculares que se proponen desde el CUD?

JP.P: Dentro del “Programa de Extensión  en Cárceles” que coordino hay varias actividades, quizás las que se pueden destacar  son las que están hace más años como el taller de narrativa o el taller colectivo de edición. Hay otra actividad que estamos llevando a cabo desde el año pasado, junto con el sindicato de personas privados de la libertad, sobre derechos laborales y organización sindical. Además,  hacemos trabajos sobre género y diversidad sexual en Ezeiza sobre todo en el pabellón especial que funciona ahí, que aloja gays declarados y personas trans. Hay un pabellón especial para personas que se identifican en el marco de esas diversidades. Además, hay otros talleres de filosofía, de historia. Un Centro de Producción de Accesibilidad que coordina el Programa de Discapacidad. También tenemos un  proyecto con  la carrera de Ciencias de la Educación,  muy activo en los últimos unos años,  que implicó la realización de dos créditos de  campo y de investigación auto-gestionados, propuestos por una de las representaciones estudiantiles: Pública y Popular.  En el marco de esos créditos hicimos  todo un relevamiento de trayectorias educativas y de problemáticas educativas antes, durante y después del encierro, y ahora estamos armando un Asesoría Educativa para atender algunas de estas cuestiones, que tienen que ver con el acceso a la educación y con la permanencia en el sistema educativo en el encierro y después, una vez que las personas recuperan su libertad ambulatoria. Para ello, estamos trabajando con el CENS de Devoto, con la carrera de Ciencias de la Educación y con un equipo de coordinación “mixto”, con estudiantes de adentro y de afuera, para armar este espacio que, seguramente, estará en pleno funcionamiento a partir del año próximo.

EJ: Se  habla de violencia en las escuelas y esa violencia se da entre pares, así como también de forma asimétrica entre la institución y los estudiantes. ¿Cómo se manifiesta la violencia en el CUD?

JP.P: En el CUD el marco institucional y político que se genera ahí adentro, por la misma participación de  los estudiantes privados de la libertad  en articulación con el afuera y con la institución, pero sobre todo en  el marco de organización que se dan ellos, excluye cualquier tipo de violencia entre pares. Por otra parte, no es que no haya violencia, de hecho la violencia se da en otros espacios, y esa violencia, que se da mucho en los pabellones, a veces es incentivada por el mismo Servicio Penitenciario.

En el CUD lo que se discute y se filtra es la violencia institucional, la violencia del Estado, tanto afuera, como adentro.

EJ: ¿Y cómo se filtra en el CUD la violencia del Estado?


JP.P: Viene en sus cuerpos, viene en la experiencia de vida previa al encierro, pero también viene pegada al sufrimiento que implica el encierro y el castigo e incluso las situaciones de tortura que tienen que vivir quienes pasan por la cárcel. Viene también, de otra manera, en una violencia simbólica del sistema, que se traduce en cosas bien materiales y concreta,  como en el caso del Poder Judicial que es el que les impone la pena, les niega el derecho a defenderse y siquiera ser escuchados y los retiene con prisión preventiva en esos lugares, muchas veces sin motivos claros.